La minería es una actividad económica que se ha desarrollado en Sudamérica desde las épocas coloniales y que ha generado grandes beneficios y grandes costos, esencialmente en términos ambientales.
Las antiguas prácticas mineras, que no gozaban de las altas tecnologías de hoy en día, así como la inexistencia de regulación concreta que normara las acciones de esta actividad devinieron en el inadecuado manejo de los residuos generados por la minería. Es así que durante años significativas sustancias contaminantes han sido acumuladas en diversas y extensas áreas de la región, lo que ha determinado la existencia de pasivos ambientales mineros a lo largo del territorio sudamericano.
La denominación de pasivos ambientales mineros fue abordada en el Primer Taller Panamericano sobre Minas Abandonadas en Santiago de Chile en el año 2001. En este evento se definió a los pasivos ambiéntales mineros como “los impactos negativos generados por las operaciones mineras abandonadas con o sin dueño u operador identificable y en donde no se haya realizado un cierre de minas regulado y certificado por la autoridad correspondiente”. Asimismo, en la Segunda Conferencia Internacional sobre Pasivos Ambientales Mineros se determinó que esta definición podía extenderse a aquellos impactos que pueden ser causados por los residuos (sólidos, líquidos o gaseosos) generados en el curso de las distintas fases del proceso minero, y que han sido depositados en presas u otra forma de almacenamiento, sin un adecuado manejo ambiental.
El término “pasivo ambiental” tiene orígenes empresariales pues las deudas se registran en los estados financieros y los daños que afectan al ambiente constituyen una deuda ecológica para con la sociedad.
Sin embargo, las deudas ambientales y sociales rara vez - por no mencionar que nunca- se registran en la contabilidad de las empresas. Las compañías mineras no siempre aceptan que sus actividades están causando impactos negativos en el ambiente que los rodea y trasladan altos costos ambientales a la sociedad, de manera que estas empresas sean competitivas.
Si se analizara el origen de los accionistas de las empresas mineras en Sudamérica, nos encontramos con que la gran mayoría corresponden a capitales extranjeros que llegan de potencias como Estados Unidos o Canadá. Si bien esto se da por un tema de escasez de capital en los países de Sudamérica, es importante reconocer que las transnacionales mineras ven la oportunidad de trabajar en nuestra región a costos mucho más bajos, ya que la legislación ambiental es menos estricta que en sus países de origen y el control es menos riguroso, por lo que resulta mucho más barato contaminar países pobres.
Precisamente la falta de regulación respecto al tema ha generado que las acciones de los diversos agentes involucrados se retrase, que no se logre la imputación de los responsables de los pasivos detectados y que los costos de recuperación de los parajes y recursos naturales sean cada vez mayores. Así, por el descuido y la falta de financiamiento, es posible encontrar en diversos países gran cantidad de pasivos ambientales como depósitos de relaves, botaderos de desmonte, pilas de lixiviación y áreas deforestadas que han traído como consecuencia la inestabilidad física y un mayor riesgo de accidentes. La contaminación minera también ha generado drenajes ácidos, erosión, emisión de polvo, pérdida de calidad del agua, descarga de sedimentos y transformación de paisajes.
En la actualidad no existe suficiente información sobre cuántos pasivos ambientales hay en la región, ni en cuánto estaría valorizada la pérdida por dichos pasivos. Los únicos países que han logrado un avance significativo en este sentido han sido Colombia, Chile y Perú, los cuales ya han conseguido elaborar inventarios y catastros de los pasivos en sus respectivos territorios. No obstante, si ha sido difícil encontrar dónde están estos pasivos y cuánto costaría recuperarlos (si es que eso es posible), es mucho más complejo aun lograr identificar al responsable de la degradación ambiental y que este muestre su disposición a saldar la deuda ambiental, incluso porque muchas minas han sido abandonadas o porque la contaminación resulta de la minería artesanal. En el caso de que los responsables no se hagan cargo del pasivo, es entonces el Estado el que debe asumir el trabajo.
El siguiente paso es definir la financiación de los proyectos de recuperación, ya que por lo general estos implican millones de dólares. Como respuesta a este problema se ha promovido la unión de la inversión pública y privada a través del Fondo Internacional pararon el fin de solventar los gastos de remediación, en donde participarían las empresas mineras multinacionales e instituciones financieras cooperantes.
Como se puede deducir, la legislación en la región aún no es lo suficientemente fuerte como para que todos los responsables de los pasivos ambientales paguen su deuda. Queda mucho trabajo por hacer por parte del Estado, del sector privado y de las comunidades.
Se debe promover una conciencia ambiental que favorezca la recuperación de los paisajes y el cuidado futuro del ambiente.
Fuente: Yupari, Anida (2003). Pasivos Ambientales Mineros en
Sudamérica. Cepal, Sernageomin y BGR.
Russi, Daniela y Joan Martínez-Allier (2002). “Los Pasivos
Ambientales”. ICONOS No.15.
